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Desalojan a 60 familias de San Antonio Ebulá

En medio de un enfrentamiento entre moradores del poblado de San Antonio Ebulá, trabajadores de la empresa Constructora Escalante, S.A. de C.V. y un grupo de vándalos contratados por una empresa de seguridad privada, se llevó a cabo el desalojo de 60 familias. El saldo: dos personas detenidas y otras más lesionadas, entre ellas un menor de seis años de edad.
Alrededor de las 06:30 horas de ayer, tres buldócer propiedad de la Constructora Escalante, junto con un grupo de empleados de esta empresa y maleantes, presuntos trabajadores de la empresa propiedad de Gilberto Farfán Talango, alias “El Potoco”, fueron enviados al poblado para ejecutar un desalojo ilegal por órdenes del supuesto propietario de las tierras, Eduardo Escalante Escalante.
Los empleados de la constructora comenzaron a demoler las 60 viviendas, mismas que contaban con pisos de cemento que la Sedesol les había puesto días antes.
Al ver que sus viviendas eran destruidas, los moradores respondieron la agresión con piedras y bombas molotov, lo que originó un zafarrancho que dejó cuatro heridos, dos de ellos del grupo parapoliciaco.
Tras el enfrentamiento arribaron al lugar antimotines de la PEP, encabezados por el director de Seguridad Pública, Samuel Salgado Serrano. Según los pobladores los agentes les disparaban cuando huían de las agresiones en un intento por no resguardar su integridad física y la de sus familias. Fueron detenidos Arnulfo Ramírez Naal y su hijo Marco Antonio Ramírez.
Según Salgado Serrano, durante el enfrentamiento se lesionó a dos personas con armas de fuego, posteriormente los agentes policiacos hicieron una valla para evitar otro enfrentamiento.
Por su parte, el grupo de choque, presuntamente de la empresa de “El Potoco”, cerró el acceso a los moradores, a quienes agredían cuando intentaban ingresar a sus tierras; además de destruir sus casas también les robaron sus pertenencias.
El agente del Ministerio Público del Fuero Común llegó al lugar y dio fe de los hechos por lo que se inició un expediente tras lo ocurrido, quedando los dos detenidos a disposición del MP.
Lo curioso del caso es que las autoridades no pusieron a disposición a los maleantes armados.
Habitantes del lugar manifestaron que el Juez Segundo de Distrito, Mario Toraya, les otorgó un amparo que consistía en la reposición del proceso, ya que al momento de llevarse a cabo el juicio civil, la autoridad les negó a los habitantes la acreditación de la propiedad de sus tierras.
Estas personas alegan ser los propietarios de las tierras, debido a que los terrenos de Eduardo Escalante son en un lugar conocido como La Victoria, que se ubica en la parte trasera donde se asentaba el poblado, que quedó totalmente destruido.
Esta es la tercera ocasión que estas personas son desalojadas.
El abogado de los colonos, Jorge Cocom, aseguró que no hay razones legales para el desalojo, pues ya le han ganado varios amparos al empresario Eduardo Escalante, que no ha podido acreditar que es el legítimo propietario.

Manifestación en el
Palacio de gobierno

Un grupo de pobladores se manifestara a las afueras del Palacio de Gobierno, en busca de una solución antes de que concluya la actual administración.
Sin embargo no recibieron respuesta alguna y se retiraron con la consigna de regresar, ya que exigen la liberación de los dos pobladores detenidos por elementos antimotines que intervinieron en el violento hecho.
Dentro de las peticiones del grupo está que se les reconozca la propiedad en la que habitan hace más de 20 años y se garantice que hechos como el de ayer no volverán a ocurrir.
Uno de los habitantes afectados aseguró que no están buscando se les den recursos, sólo que se les otorgue la seguridad en la tenencia de las tierras que ocupan hace más de dos décadas y que no ocurran más este tipo de enfrentamientos que pueden derivar en una tragedia mayor. (JEIV/OGC)

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