Al mando de Jorge Gutiérrez Vera, los directivos de Luz y Fuerza del Centro desviaron, en los últimos meses de su administración, recursos públicos; duplicaron el costo de proyectos y adquisiciones; hicieron pagos irregulares a contratistas, y manejaron discrecionalmente los millonarios ingresos que la compañía obtuvo por el suministro de energía eléctrica a particulares, revela la Auditoría Superior de la Federación en la última revisión que hizo a la extinta paraestatal
La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
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La noche del 10 de octubre de 2009, con la ocupación policiaca y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Felipe Calderón sepultó la posibilidad de conocer a detalle el manejo de los millonarios recursos públicos que la compañía operó entre el 1 de enero de 2008 y hasta la víspera de aquel fin de semana en que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto presidencial de su extinción.
En el momento en que Calderón decidió desaparecer esa paraestatal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ejecutaba 10 auditorías a las áreas y programas más importantes, revisiones suspendidas la misma noche en que la Policía Federal Preventiva tomó por asalto la compañía.
Se auditaban los programas de Distribución de la Energía Eléctrica; para la Elaboración de Inventarios, la producción y los servicios de fábricas y talleres; para Desarrollar y Construir Sistemas de Distribución en el Distrito Federal y el Estado de México; el de Modernización del Parque Vehicular y Equipo Pesado; el de Sustitución de los Transformadores y Blindaje de la Red. Se fiscalizaban también los ingresos de los pagos de particulares por el suministro de energía eléctrica, el manejo de recursos en efectivo y en inversiones temporales, además de los egresos presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”.
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