José Agustín Ortiz Pinchetti
Hace poco leí una Rayuela en La Jornada que contenía una afirmación contundente y certera:
El futuro de la reforma laboral está en manos de los trabajadores. Esto lleva implícito que la resistencia de los afectados será el factor decisivo en la disputa. No lo será ni la previsible traición de los líderes sindicales del PRI. Ni vendrá de Peña o Calderón. Ellos están cumpliendo con los compromisos que adquirieron con la oligarquía que los llevó al poder. La izquierda no podrá bloquear la iniciativa en el Congreso. La clase media (en muchos casos compuesta por asalariados) no se siente convocada. No podemos esperar nada de los tribunales a pesar de la evidente violación de los principios constitucionales.
Sólo los trabajadores tendrían la capacidad para impugnar esta
legislación que destruye las instituciones del derecho del trabajo (como
lo ha señalado Arnaldo Córdova). Son ellos los que tienen que
reaccionar ante la consagración legislativa de una política que les ha
quitado en 25 años el 80 por ciento de su capacidad de compra.
No es frecuente que los articulistas desplacemos a los victimizados
la responsabilidad de reaccionar contra las agresiones. Pero vale la
pena reflexionar: estas reformas no beneficiarán más allá del 8 por
ciento de la población. En cualquier país tendrían el rechazo del 92 por
ciento restante. Pero es de temerse que nada suceda. Es cierto que los
medios (con pequeñas excepciones) están controlados en el marco de un
plan maestro para inducir la resignación colectiva. Y también que ni la
Iglesia ni otras instituciones, grupos o personalidades quieren o pueden
jugar un papel en la resistencia a la opresión como lo han hecho en
otros países.
¿Por qué asombrarse? Veamos cómo la población en general responde al quiebre del proyecto democrático: En una encuesta reciente (Reforma 09/09/12),
la mayoría consideraba que no había democracia efectiva en México. Que
hubo compra de votos en el proceso electoral y que este no fue ni
equitativo ni limpio. Pero a la vez 62 por ciento se negaría a
participar en una protesta pacífica contra estas irregularidades. Sólo
26 por ciento dio apoyo la impugnación de AMLO. Esta contradicción
aparente quizás refleja que gran parte de la población reconoce los
abusos pero no quiere protestar ni que otros lo hagan. Mientras que una
clara mayoría no despierte y se organice contra el régimen vigente,
México no podrá contarse entre los países democráticos.
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