Sigue la discusión

Néstor de Buen

 

Esta ha sido una semana inquietante en la que el tema que a todos interesa ha sido el de la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) propuesta por el presidente Calderón con la consigna de que el Congreso la apruebe en un término perentorio de dos meses, que prácticamente se está reduciendo a una semana, por lo que, cuando lean ustedes estas notas, no es difícil que se haya llegado ya a una conclusión favorable al proyecto presidencial, habida cuenta de la coincidencia sustancial entre los dos partidos políticos representantes el día de hoy de la derecha más rotunda, el PRI y el PAN.

Ovbiamente se está produciendo la esperada oposición del PRD, pero su minoría evidente en el Congreso no hace nacer muchas esperanzas de que su oposición sea eficaz.

Este sábado pasado han sido importantes las declaraciones de Alfonso Navarrete Prida, quien ha puesto de manifiesto que el tema no se discute solamente en el Congreso sino que ha sido cuestionado por especialistas y dirigentes sindicales mexicanos, entre otras cosas por la propuesta del pago por horas y la desaparición de los contratos colectivos a futuro.

Es evidente que el proyecto es más que discutible porque establece como proopuesta la reforma de los artículos de la LFT que, aunque sea sin mucho entusasmo, defienden el principio constitucional de la estabilidad en el empleo, que la iniciativa agrede de manera violenta al establecer los contratos a prueba y los contratos que exigen una capacitación cuya calificación final la ponen en manos del empresario.

Otro tema muy discutido ha sido el del pago por hora, que de acuerdo con lo dicho por Navarrete Prida, lo rechaza el propio presidente electo Enrique Peña Nieto. Sin embargo, debo aclarar que esa es una hipótesis que está prevista en la ley vigente, en su artículo 153-H, que plantea en su párrafo III que los aspirantes deberán presentar exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean requeridos, lo que evidentemente deja en manos del patrón la posibilidad de rechazar al candidato, sin reconocerle derecho alguno a una indemnización o, por lo menos, a una nueva oportunidad de presentar examen.

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