MÉXICO, D.F. (Proceso).- Los asesores del presidente electo lo han inducido a tomar una decisión audaz y riesgosa. En el denodado anhelo de que sea percibido como un gobernante respetuoso de los valores de la democracia, se han priorizado tres reformas contenidas en el “Manifiesto” dado a conocer días después de su infortunada visita a la Universidad Iberoamericana: la autonomía constitucional del IFAI, el control de la contratación de publicidad gubernamental y el combate a la corrupción. ¿Se trata de un acto de contrición política o de la continuación de una estrategia mercadotécnica destinada a construir la imagen de una “Presidencia democrática”?
Lo primero que llama la atención es que el partido del presidente electo, y su propia gestión al frente del Estado de México, constituyen ejemplos arquetípicos de lo que ahora se pretende combatir. El cartón de Naranjo titulado Consenso (Proceso 1872) expresa y explica dicha paradoja con ingeniosa concisión. Si bien la proclividad a buscar el beneficio personal mediante el uso indebido de cargos y recursos públicos no es exclusiva del PRI, hay que reconocerle al partido tricolor su primacía y refinada experiencia en el oficio, heredada de insignes maestros como Gonzalo Santos o Carlos Hank González. Es larga la lista de notables priistas inmunes ante fundadas presunciones de corrupción, protegidos bajo la égida del antaño partido hegemónico (algunos de ellos ocupan hoy escaños en el Congreso). Durante siete décadas, el poder omnímodo de los presidentes autoritarios fungió como propiciador y árbitro del ejercicio de la corrupción. Después de la alternancia, la corrupción se “democratizó”: La repartición del poder se tradujo en la distribución del botín. En llegando al banquete del erario federal o estatal, los representantes del PAN, PRD y demás partidos vivales mostraron su apetito irrefrenable.
El PRI perdió el monopolio de la corrupción, pero no el poder para exigir e imponer la impunidad de sus camaradas. La debilidad política de los dos mandatarios panistas, dependientes del partido de la revolución institucionalizada para gobernar, así como para mantener la estabilidad política y social del país, les impidió cumplir sus promesas de campaña y ser congruentes con los principios éticos emanados de los documentos fundacionales de su partido. Fox no procesó a ninguna “tepocata”, y Calderón nunca combatió frontalmente la estructura financiera del crimen organizado ni el lavado de dinero en su fallida “guerra contra el narcotráfico”. No sólo fueron permisivos con los corruptos más visibles del país, sino que pactaron al menos con los dos principales protagonistas de la corrupción sindical. La corrupción del PRI, tan criticada en la retórica de los presidentes panistas, se tradujo en garantía de impunidad.
El pluralismo y la fragmentación del poder debilitaron al gobierno federal frente a la estructura corporativa del PRI, los gobiernos estatales, los sindicatos y los oligopolios. La impunidad se convirtió en condición de gobernabilidad. “Mientras México se esfuerza por enfrentar diversos retos para transformarse de un Estado autoritario en uno verdaderamente democrático, la corrupción sigue normando la naturaleza y el curso de la política mexicana”. (Stephen D. Morrris, Political Corruption in Mexico. The Impact of Democratization, 2009, página 239; inexplicablemente, este estupendo libro aún no ha sido traducido al español.) Además, la vulnerabilidad gubernamental abrió nuevas oportunidades para la corrupción en todos los estados, partidos y niveles de gobierno. “México ha transitado de un Estado relativamente fuerte basado en reglas informales a uno incapaz de imponer los intereses nacionales y el estado de derecho”. (Página 232.)
La historia del combate a la corrupción en el México posrevolucionario es un oscuro testimonio de fracaso y simulación. José Vasconcelos lo percibió desde que Venustiano Carranza creó el Departamento de la Contraloría, en 1917. “Gracias a la complicidad del contralor, un simple designado del presidente, han podido los presidentes Carranza y sus sucesores disponer del dinero de la nación a su antojo, con un arbitrio y un abuso que envidiaría el Shah de Persia”. (La Tormenta, JUS, página 285.) A partir de entonces, esa ha sido la gran limitación de las leyes e instituciones creadas para combatir la corrupción o para favorecer la transparencia y rendición de cuentas en el país: su falta de independencia o autonomía real frente a las instancias gubernamentales a las que se debiera vigilar, auditar y, en su caso, sancionar.
De ahí la relevancia de que el IFAI obtenga la autonomía constitucional. No obstante, es imprescindible que se agregue un elemento primordial: evitar que el presidente tenga la facultad de nombrar y remover a los comisionados sin la aprobación del Senado, como al parecer lo pretendía el equipo del presidente electo. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (artículo sexto, segundo párrafo) establece que los Estados nacionales están obligados a garantizar la independencia necesaria a las instituciones encargadas de combatir la corrupción para que éstas puedan realizar sus funciones de manera efectiva, libres de toda influencia indebida.
Falta de transparencia, turbiedad en la relación con los medios y corrupción son tres facetas de un mismo fenómeno: la prevalencia de intereses políticos y financieros sobre el imperio de la ley. A partir de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación por Miguel de la Madrid, en 1983, bajo el lema de la “renovación moral de la sociedad”, el dominio de la política frente a la norma jurídica opera verticalmente desde la Presidencia de la República. La prerrogativa para determinar a quién se procesa por presunta corrupción, y a quién no, la mantiene el presidente en turno.
Tal como lo confirmó el encarcelamiento del exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, durante el mandato delamadridista, la divisa era: “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”. Carlos Salinas de Gortari fue más lejos: La Quina fue condenado a 35 años de cárcel, como resultado de una venganza personal del mandatario, quien además impuso a Carlos Romero Deschamps como líder del sindicato petrolero. El célebre magnate del proletariado ha vuelto a ser premiado por su partido con un escaño en el Senado, con fuero incluido, claro; y será un elemento clave –e intocable– en la reforma de Pemex, planeada por Peña Nieto. ¿Qué hará la Comisión Anticorrupción al respecto?
Ernesto Zedillo no se quedó atrás. El encarcelamiento de Raúl Salinas rompió con un principio rector del presidencialismo autoritario: proteger a su antecesor en el cargo de las tropelías que hubiesen cometido él o sus allegados. Mediante dicha impunidad institucionalizada, el ocultamiento de la corrupción pasada permitía el libre ejercicio de la corrupción presente. A pesar del evidente distanciamiento y antipatía entre Calderón y Fox, el actual mandatario no procedió judicialmente contra su antecesor ni contra sus familiares. ¿Cómo actuará Peña en materia de corrupción ante sus predecesores? ¿La reciente actitud obsequiosa de Fox y Calderón ante Peña Nieto revela una búsqueda de reciprocidad, de complicidad, o es simple precaución?
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestra que durante las administraciones panistas México siguió ubicado entre los países más corruptos del mundo. En 2011 obtuvo sólo 3 de calificación en una escala del 0 al 10 (en 2000 fue de 3.3). Adicionalmente, el Barómetro Global de la Corrupción revela que el 76% de los mexicanos piensa que la corrupción en el país ha aumentado en los últimos tres años (18% opina que sigue igual, y sólo el 7% cree que ha disminuido). Todo ello indica que de poco han servido las leyes e instituciones creadas desde hace casi tres décadas para combatir la corrupción, así como para favorecer la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Qué ha faltado? Básicamente, voluntad política para dotar de verdadera independencia y autonomía a los organismos creados para dichos propósitos. Ese será el principal reto del presidente Peña Nieto para conferir credibilidad a sus reformas, especialmente a la Comisión Anticorrupción. No son buenas señales las que el hoy presidente electo envía al desdeñar la aprobación unánime del Senado de la propuesta para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, así como al ignorar la conveniencia de dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación.
¿Autocrítica o cinismo? Los antecedentes del presidente electo y de su partido inclinan la balanza palmariamente hacia la segunda opción. Mi escepticismo es total frente a la autenticidad de su propósito de combatir la corrupción con rigor jurídico ajeno a intereses políticos y financieros. No obstante, sé que no tendremos una respuesta certera a esa pregunta hasta el final de la administración de Enrique Peña Nieto, la cual deberá servir como parámetro fundamental para valorar su gobierno.
*Investigador del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
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